El Comunicado:

Ante el dictado de la Resolución 598/209 del Ministerio de Seguridad de la Nación que crea el Servicio Cívico Voluntario destinado a Adolescentes y  Jóvenes de entre 16 y 20 años, desde la Defensoría del Pueblo de Pilar sentimos la obligación de poner de manifiesto que si bien se aprecia como un acto necesario afrontar la problemática de miles de jóvenes de nuestro país que han sido abandonados por la política y que, en su estado de desamparo no estudian ni trabajan, encontrándose excluidos del sistema productivo, la medida adoptada no es comprensiva de la problemática aludida ni resulta suficiente para resolverla.

Entendemos que el Estado Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, intenta con una resolución vacía de contenido, desatender su obligación principal, de brindar oportunidades reales, empleo, educación, de formar ciudadanos comprometidos con su entorno, recordando en este sentido que tanto la educación primaria como la secundaria son obligatorias en la Argentina y un derecho de niños, niñas y adolescentes que debe ser garantizadas por el Estado.

Mediante la implementación de políticas públicas es obligación del Estado velar por el cumplimiento de estos Derechos, incorporando al sistema educativo en caso de ser necesario jornadas escolares dobles, escuelas de oficios, desayunos, almuerzos y/o meriendas y todo aquello que se requiera para incorporar a los menores al sistema educativo. Todo ello en el ámbito correspondiente, que claramente no es un cuartel militar.

La medida propuesta menosprecia al cuerpo docente, responsabilizándolo de la propia falta del Estado de cumplir con su obligación de mantener escolarizados a los menores y de brindar educación de calidad a todos los niños, niñas y adolescentes. Además, se debe destacar que intenta desoír el mandato legal que le impone la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la cual nuestro país es firmante.

Celebramos el reconocimiento de la problemática padecida por los aquellos jóvenes que quedan excluidos del sistema. No obstante esto, rechazamos que el modo que hayan encontrado para reconocer la propia falla de la política haya sido por intermedio de una figura que nada aporta al sistema educativo, al tiempo que contribuye a desnaturalizar a una de las fuerzas del orden de la Nación.

Proponemos a la Ministra de Seguridad reflexionar, e instamos al Poder Ejecutivo Nacional a dar marcha atrás con esta iniciativa y en su lugar se prioricen políticas públicas activas de inclusión y promoción de los derechos de las y los jóvenes, que permitan el desarrollo de proyectos de vida integrales y autónomos.