El Juez Federal Adrián González Charvay decidió levantar la feria judicial y modificó la medida cautelar vigente desde 2017 contra la Termoeléctrica ARAUCARIA ENERGY, con un fallo basado en un nuevo Estudio de Impacto Ambiental realizado por dos consultoras privadas, Estrategias Ambientales y DAKAR, contratadas por la empresa Araucaria, y "respaldado" según destacaron desde la Organización por la municipalidad de Pilar y el Ministerio de Ambiente de Provincia. Tras esto el magistrado resolvió permitir el funcionamiento provisorio de la "Central Matheu III" con dos (2) turbinas argumentando que es necesario producir energía para evitar el desabastecimiento del suministro en eléctrico en el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia.
Desde la Asociación Civil Organización de Ambientalistas Autoconvocados (O.A.A) expresaron "Repudiamos el accionar del juez , del Municipio de Pilar y del Ministerio de Ambiente provincial. Consideramos que fallo es arbitrario, no aplica los principios del derecho ambiental, permite el funcionamiento sin la totalidad de los permisos y/o habilitaciones ambientales. Habilita el funcionamiento supuestamente para pruebas pero lo hace por un periodo muy extenso para una simple prueba que como mucho puede durar un par de días. El Juez no da ninguna precisión de cómo serán esas pruebas quien, como y cuando se ejecutarán, cuando era tarea del juez establecer esas directrices ejecutivas, por lo que entendemos que se desentendió del caso, lo dejó librado al municipio y el ex OPDS -hoy Ministerio de Ambiente - que fueron los cómplices de toda la ilegalidad inicial que permitió la irregular instalación de las Termoeléctricas".
El fallo asegura también que el impacto será menor por el retiro de la termoeléctrica APR. Desde la O.A.A insistieron en que "las irregularidades que se continúan presentando en este proceso, demuestra que la Justicia vuelve a actuar privilegiando intereses y con un muy mal accionar".
