
Del crédito al abuso: la Provincia pone límites a las billeteras virtuales



En el marco del creciente endeudamiento y la morosidad de las familias bonaerenses, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, anunciaron este jueves una serie de medidas destinadas a proteger a los usuarios de billeteras virtuales frente a denuncias por abusos e incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor.
Durante la conferencia, Kicillof advirtió sobre la gravedad de la situación: “En nuestro país hay una situación de gravedad extraordinaria: no solo el 60% de la población adulta está endeudada, sino que cerca de 6 millones de personas se encuentran en situación de mora y no pueden pagar las deudas que contrajeron”. El mandatario provincial señaló que el problema no es meramente privado, sino consecuencia de la política macroeconómica nacional, que obligó a muchas familias a recurrir al crédito para cubrir necesidades básicas como alimentos, medicamentos y alquileres.
El Gobernador subrayó que las billeteras virtuales ya no solo funcionan como medios de pago, sino que también otorgan créditos sin las regulaciones que rigen para otras entidades financieras. “Lamentablemente, el Gobierno nacional no está haciendo nada ante la angustia y la desesperación de millones de argentinos. En la Provincia tomamos las decisiones que están dentro de nuestro margen de actuación para defender a las familias”, afirmó.
Por su parte, Costa detalló que solo en el primer semestre de este año la Dirección de Defensa del Consumidor recibió 2.240 denuncias contra empresas como Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud, por incumplimientos normativos, acoso y hostigamiento. “Abrimos un expediente de investigación y estamos solicitando que las firmas informen detalladamente los criterios con los que se imponen las tasas de interés y cuál es la composición real del costo financiero total”, explicó.
El ministro agregó que las acciones ya están en curso y que las fintech involucradas deberán presentar sus descargos. En caso de comprobarse las irregularidades, la normativa prevé multas de hasta $1.883 millones y la obligación de revertir los incumplimientos. “Mientras la Nación abandona a las familias y genera las condiciones para que esta problemática se expanda, nosotros utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance para evitar que continúen los abusos”, concluyó.
En el anuncio también estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, y la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi, acompañando la presentación de las medidas que buscan garantizar mayor transparencia y protección para los consumidores bonaerenses.







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