SCIPA denuncia: "El agua que sale de las canillas no es apta para el consumo"

La comisión directiva de la Sociedad de Comercio, Industria y Propiedad de Pilar (SCIPA), presidida por Alfredo Ventura, expresó una profunda preocupación por el crítico estado del suministro de agua potable en el distrito. Acompañado por los vicepresidentes Enrique Bértola y Gustavo Suárez, y el secretario Mauro Moris, Ventura denunció públicamente lo que calificaron como "una situación inadmisible que atenta contra la salud de la población".

Según SCIPA, numerosos barrios del distrito están recibiendo agua barrosa que no es apta para el consumo humano. "Lo que sale por las canillas no es agua, sino barro con agua", alertaron. Esta situación ha generado alarma entre los vecinos, quienes a pesar de pagar tarifas regulares por el servicio, se enfrentan a un suministro deficiente que podría representar un peligro para la salud pública.

La entidad comercial hizo un llamado urgente a AYSA, empresa responsable del servicio, y a su presidente, Alejo Maxit, solicitando la inmediata normalización del suministro. "El proceso de privatización no puede ser excusa para la inacción", enfatizaron.

SCIPA recordó que el acceso al agua potable está consagrado por la Ley Provincial 14.782, que lo considera un derecho humano esencial, y por ende, una obligación que el Estado debe garantizar. Dicha legislación estipula que el agua debe ser suficiente, salubre, aceptable y accesible para el uso personal y doméstico.

Ante la continuidad del mal servicio, SCIPA anunció que podría elevar un reclamo formal al Ministerio de Economía de la Nación —organismo del cual depende AYSA— y presentar documentación detallada de las reiteradas fallas que afectan a Pilar desde principios de año, incluyendo nula presión en el centro del distrito y problemas crónicos en diversos barrios.

La falta de acceso a agua potable no sólo representa una violación de derechos fundamentales, sino también un riesgo directo para la salud de miles de pilarenses. SCIPA exige medidas urgentes y efectivas para revertir una situación que, según afirman, "está en las antípodas del cumplimiento legal y ético que corresponde".