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El ombudsman Adrián Maciel logró que la entidad anule una deuda de más de 6 millones de pesos, tras demostrar que el consumo reclamado no tenía sustento técnico ni documental.
Sociedad11 de octubre de 2025


En Septiembre pasado, una vecina de Pilar se presentó en las oficinas de la Defensoría del Pueblo local con una preocupación que la tenía desconcertada: la empresa AySA le reclamaba una deuda de $6.633.891,16 por el servicio de agua corriente, una cifra completamente desproporcionada respecto a su consumo habitual.
La historia comenzó a mediados de 2024, cuando la vecina recibió una factura por $1.800.000, muy por encima de los $10.000 que solía pagar mensualmente. Alarmada, se dirigió a las oficinas de AySA en el centro de Pilar, donde le confirmaron que existía un error en el medidor. Sin embargo, la empresa no anuló la deuda, que siguió creciendo con el paso de los meses.
En paralelo, AySA dejó de atender al público en sus oficinas locales, lo que dificultó aún más el seguimiento del reclamo. Las respuestas que recibió fueron evasivas y, como "solución", le ofrecieron reducir la deuda a 4 millones de pesos y financiarla en cuotas.
Ante esta situación, la vecina decidió acudir a la Defensoría del Pueblo del Pilar. El ombudsman Adrián Maciel tomó el caso y presentó una actuación formal ante AySA por "incongruencia de consumo" y falta de documentación probatoria. La empresa alegaba que la familia había consumido 3.048 m³ de agua —equivalente a 3 millones de litros— cuando el promedio real era de entre 60 y 80 m³.
El expediente estaba a punto de escalar al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), cuando finalmente llegó el fallo de AySA, favorable a la vecina. La empresa reconoció el error y anuló la deuda, dejando a la usuaria libre de cualquier cargo.
El caso marca un precedente en la defensa de los derechos de los usuarios frente a errores administrativos y falta de transparencia en los servicios públicos. Desde la Defensoría del Pueblo de Pilar destacaron la importancia de recurrir a los canales institucionales para resolver este tipo de conflictos y garantizar que las empresas respondan con responsabilidad ante sus clientes.



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