El médico urólogo pilarense, acusado como supuesto jefe de una asociación ilícita, pretende quedar en libertad y dar su versión de los hechos.
Judiciales y Policiales08 de diciembre de 2025
El médico urólogo Pablo Atchabahian, primer detenido en el expediente por presuntas coimas y direccionamiento de compras en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), solicitó que se revoque su arresto domiciliario. Su defensa argumentó que no existen riesgos procesales que justifiquen la medida y rechazó que haya intentado evadir a la Justicia.
La audiencia en la Cámara Federal
El pedido fue planteado este jueves ante la Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah. Durante casi una hora, el abogado defensor Mariano Fragueiro Frías sostuvo que su cliente "nunca intentó evadirse" y que no hay posibilidad de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.
Además, anticipó que Atchabahian quiere declarar en el expediente y "explicar lo que tenga que explicar", descartando cualquier posibilidad de convertirse en arrepentido.
La posición de la fiscalía
El fiscal ante la Cámara, José Luis Agüero Iturbe, pidió confirmar la prisión domiciliaria dispuesta por el juez Sebastián Casanello, al considerar que los riesgos procesales "se mantienen vigentes".
Atchabahian fue detenido el 14 de noviembre en su domicilio de Luján de Cuyo, Mendoza, y permanece bajo arresto con tobillera electrónica. Para la fiscalía, es "una pieza central de una estructura que operó decisiones administrativas, contrataciones y pagos direccionados desde fuera de la agencia".
Los puntos sensibles del expediente
El nombre del exfuncionario aparece en audios atribuidos al extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, en órdenes externas sobre pagos y personal, vínculos con proveedores y un circuito financiero que la Justicia reconstruye desde hace meses. Según la investigación, Atchabahian habría dado instrucciones sin ocupar un cargo formal cuando Spagnuolo asumió la conducción del organismo en 2024.
El fiscal del caso, Franco Picardi, sostuvo que el acusado tenía "conocimiento concreto" de la investigación y que, pese a ello, no se presentó ante la Justicia. También señaló que mantenía contactos con terceros "que le proveerían auxilio" para sustraerse del accionar judicial.
La defensa contraataca
Fragueiro Frías cuestionó con dureza la versión de que su cliente buscó eludir a la Justicia: "Lo encontraron en su casa. Es desopilante el razonamiento", afirmó, calificando de "mentira" la hipótesis de fuga.
El abogado explicó que Atchabahian no se presentó en el expediente porque estaba "en tratativas" para contratar un defensor, y que la imposibilidad de ubicarlo "no puede trasladarse al imputado".
También rechazó cualquier vinculación con funcionarios del Gobierno, como Karina Milei o Eduardo "Lule" Menem: "No hay absolutamente nada que lo vincule con personas de esa importancia", aseguró.
Un proceso en tensión
Para la defensa, la calificación de jefe de asociación ilícita busca "frustrar la libertad durante el proceso" y se basa en "cosas que no son correctas". De todas formas, reconoció que los hechos investigados —presunto pago de coimas y direccionamiento de compras de medicamentos para discapacidad— deben esclarecerse "hasta las últimas instancias".
En su resolución previa, Casanello había rechazado la excarcelación por entender que "los riesgos procesales permanecen incólumes", señalando la gravedad de las imputaciones, la expectativa de pena y la "fuerte ascendencia" del acusado sobre otras personas involucradas.
La fiscalía apunta además a escuchas telefónicas que mostrarían que Atchabahian conocía la causa y mantenía contactos para evitar la acción judicial. Para los investigadores, la etapa actual de la instrucción —plena recolección y análisis de pruebas— requiere medidas de coerción estrictas.
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