La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a través de su Bloque Patagónico, manifestó su preocupación ante las modificaciones impulsadas sobre el Régimen de Zona Fría, por el impacto directo que podrían tener en el poder adquisitivo de las familias, la competitividad de las pymes y el desarrollo económico regional.
Condiciones particulares de la Patagonia
La región patagónica enfrenta condiciones climáticas y geográficas que hacen del gas y la energía servicios esenciales durante gran parte del año. En vastas zonas, las bajas temperaturas se extienden entre ocho y nueve meses, lo que vuelve imposible reducir significativamente el consumo energético de hogares, comercios e industrias.
Riesgos de la reforma
Las modificaciones propuestas alteran la lógica histórica del régimen compensatorio, diseñado para equilibrar las asimetrías estructurales de la región. Limitar el beneficio exclusivamente al valor del gas en boca de pozo trasladaría a los usuarios costos crecientes de transporte, distribución e impuestos, generando incrementos tarifarios que podrían superar la capacidad de pago de miles de familias.
Organismos especializados proyectan aumentos significativos en las facturas residenciales y comerciales, con efectos inmediatos sobre el consumo interno, la actividad económica y el empleo.
Impacto en las pymes
Las pymes patagónicas ya atraviesan un escenario complejo marcado por caída de ventas, aumento de costos y dificultades financieras. Una presión tarifaria adicional profundizaría la desaceleración económica y afectaría directamente la capacidad de sostener puestos de trabajo.
Reclamo regional
Las entidades empresarias remarcan que la Patagonia no reclama privilegios, sino el reconocimiento de condiciones objetivas que históricamente justificaron políticas diferenciales. El costo energético en el sur argentino no puede analizarse con los mismos parámetros que en otras regiones del país.
Llamado al diálogo
El Bloque Patagónico de CAME —integrado por la CACIP de La Pampa, FEEN de Neuquén, FEERN de Río Negro, FEEBA de Bariloche, FECh de Chubut, FESC de Santa Cruz y la Cámara de Comercio de Ushuaia— considera imprescindible abrir una instancia de diálogo institucional y federal para evaluar integralmente las consecuencias económicas y sociales de la reforma antes de su implementación definitiva.
