En tiempos de hacer historia, luego de largas luchas e incansables recorridos colectivos, nos encontramos en la meta final que esperamos nos lleve a la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. 

Es un derecho que venimos a conquistar desde las calles, de modo de colocar al Estado en el lugar de garante del acceso al aborto legal, seguro y gratuito, atendiendo a un problema de salud pública que existe, que debe reconocerse y que tiene raigambre, como tantas otras problemáticas en las profundas desigualdades sociales que existen en nuestro país y se han agravado en los últimos años de gobierno macrista. 

Se trata de una deuda pendiente para con los derechos humanos de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar, quienes, en esas circunstancias han perdido la vida, la integridad física, y la libertad. Además han sido víctimas de violencia institucional, sufriendo malos tratos físicos y psicológicos, sometimientos compatibles con la tortura y estigmatizaciones sin retorno, quedando amedrentadas y marcadas eternamente, por el resto de su vida. 

Esta iniciativa se debe entender como una equiparación respecto del derecho a la igualdad, a gozar de autonomía personal, a la posibilidad de tomar decisiones libres e informadas sobre el propio cuerpo. 

Esta es la verdadera vida que se defiende, porque estas son las vidas que se pierden cuando con una mirada mezquina e hipócrita, sólo juzgamos y no somos capaces de enfrentar aquellas miserias que nos exhortan a sincerarnos como pueblo, como Nación y como humanidad. 

Cabe señalar que, hace pocos días, el Presidente del Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, Luis Ernesto Pedernera, remarcó, en el marco del debate por la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la despenalización del aborto, que el Comité considera al aborto como "Una cuestión prioritaria de garantía de acceso a la salud" y que "Tiene que salir de ser un tema tabú, oscuro y criminalizado". Asimismo recordó que en 2018, el mismo Comité solicitó al Estado argentino que desestime la interpretación sobre que la vida comenzaba en la concepción, al considerarla "Obsoleta". 

Merece mención, además, el hecho que este proyecto que el Ejecutivo ha enviado al Congreso para su tratamiento, no sería una normativa aislada, sino que se conforma en un contexto de acompañamiento a personas gestantes, presentando el Plan de los Mil Días que incluye una cobertura integral hasta los dos años del bebé. Por otro lado, y en la misma línea se propone fortalecer la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, así como la de Salud Sexual y Procreación Responsable, a partir de la cual el Estado argentino reconoció, hace más de dos décadas, los derechos reproductivos y sexuales, como derechos humanos. 

Es en estos días, tenemos la oportunidad, por nosotras y nosotros, por la diversidad, por las generaciones futuras. Porque nuestro DESTINO,  como pueblo, nunca puede sostenerse desde lo CLANDESTINO.