Citan a indagatoria a Ducoté y Ex-Funcionarios

El Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, llamó a declarar a 21 imputados. Las audiencias comienzan el Martes vía Zoom y se extenderán hasta el 25 de Junio.

El Ex-Jefe Comunal no es el único involucrado en el expediente a cargo del juez federal de Campana Adrián González Charvay. También deberán declarar: Iván Kerr, Ex-Secretario de Vivienda de la Nación y Mariana Klemensiewicz; Ex-Secretaria de Infraestructura Urbana del Ministerio nacional. En el ámbito local los que tendrán que declarar en la indagatoria serán: Guillermo Iglesias, Ex-Secretario de Obras Públicas; Federico Iván Leonhardt, Ex-Director General de Vivienda y Crédito; Juan Pablo Martignone, Ex-Jefe de Gabinete; Marcelo Sfeir, Ex-Director de Obras Civiles; Ignacio Azarola, Ex-Letrado de la Municipalidad; Cecilia Cabrera, Ex-Secretaria de Hacienda; Osvaldo Caccaviello, Ex-funcionario de Obras Públicas; Sandra Sosa, Ex-Subsecretaria de Obras Públicas; y Fabián Arias, Ex-Director de Compras.

Según informó Infobae, el magistrado busca indagar si efectivamente existieron irregularidades en tres convenios de obra pública firmados en 2016 entre la cartera de Frigerio y el ex alcalde, que recibió cuantiosas sumas que, de acuerdo a la denuncia, nunca utilizó para las construcciones planificadas.

Para esta investigación, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió dictámenes con las irregularidades detectadas en los tres casos analizados, cuestionando por ejemplo el modo en que se hizo las entregas de fondos por parte del Estado nacional porque fueron realizadas sin las correspondientes comprobaciones de avance de obra y sus respectivas rendiciones de cuentas tal como establecía el convenio.

A una de las partes del expediente se la conoce como "Microcréditos". El gobierno nacional enviaba dinero al municipio de Pilar para asistir con fondos a vecinos de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad social para que hicieran mejoras en casas precarias y además pudieran acceder a servicios básicos de infraestructura como agua potable, cloacas, gas y electricidad. El programa abarcaba 20.000 microcréditos. Cada microcrédito era equivalente a tres salarios mínimos y debía devolverse en 60 cuotas mensuales. El presupuesto destinado por la Nación fue de 300 millones de pesos de los cuales hasta mayo de 2019 se habían enviado 285. La PIA cuestionó –entre otras cosas- el modo en que se hizo las entregas de fondos por parte del Estado nacional porque fueron realizadas sin las correspondientes comprobaciones de avance de obra y sus respectivas rendiciones de cuentas tal como establecía el convenio. También cuestionó que e municipio hubiera puesto intermediarios –una empresa de gas, una organización local y un fideicomiso provincial- para ejecutar el convenio, de manera que se derivara dinero destinado a los vecinos. La fiscalía que encabeza Rodríguez señaló que "Lejos de efectuar una correcta distribución de los recursos que les fueron girados desde las arcas nacionales, los funcionarios municipales discrecionalmente, fueron generando gastos y costos que conllevaron la distracción de fuertes sumas de dinero destinada a los ciudadanos del Municipio de Pilar, en manos de empresas ya sea de Gas o conformadas por el Municipio, o bien programas provinciales que de ninguna manera ameritaban a la percepción de partes de los recursos acordados para las mejoras de las viviendas".

Al segundo convenio se lo conoce como "Monterrey". El proyecto tenía como objeto urbanizar y mejorar el barrio pilarense de Derqui, llamado Monterrey. Se propuso renovar un corredor central del barrio, proveer agua corriente y cloacas, construir plazas y adecuar veredas, entre otras cosas. La obra afectaba a 141 lotes y sería financiada con fondos nacionales: se destinarían $145.733.567. La PIA cuestionó el modo en que se realizó la licitación que le otorgó el contrato a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por las firmas Vialme S.A., Servicios y Gestión S.A. y Alpin S.A. Según se desprende del dictamen de Rodríguez algunas de las obras comprometidas no se terminaron en tiempo y forma. También se puso de manifiesto que hubo incumplimientos en la metodología de rendición de cuentas prevista. En octubre de 2019, meses antes del cambio de gobierno y tres años después de iniciado el convenio, desde la secretaría de Infraestructura Urbana del ministerio nacional se intimó a Pilar a que rindiera cuentas pendientes.

Al tercer convenio se lo denomina "Peruzzotti". Se propuso originalmente mejorar la infraestructura a partir de la construcción y ampliación de la red cloacal y del emplazamiento de una planta depuradora y una estación de bombeo en el barrio Peruzzotti de la localidad bonaerense de Pilar. La obra fue adjudicada a la firma Tordel S.A. Pero algo falló: "Nada de lo relativo a la planta depuradora que fuera licitada y adjudicada por el Municipio de Pilar de la Provincia de Buenos Aires, fue construido pero sí certificado y cobrado por la empresa adjudicataria, quien se alzó con la suma de $14.135.30,93…". Respecto de ese convenio-que sufrió modificaciones- el fiscal Rodríguez aseguró: "Como conclusión, no solo debe considerarse que el Estado Nacional pagó por obras que no se hicieron, sino que a su vez incluyeron sobreprecios que permitieron que a más de un año de recibida se tenga una planta depuradora modular con sus bombas y demás componentes sin ningún tipo de aplicación depositadas en playas del Municipio".

En los tres convenios se hallaron irregularidades similares: obras pagadas y sin finalizar, incumplimiento de plazos, falencias en la rendición de cuentas, problemas de las empresas adjudicatarias de los contratos y falta de control por parte del ministerio nacional. Es por eso que basado en el análisis que hizo la PIA el Juez González Charvay llamó a indagatoria.