El Gobierno nacional derogó la normativa que obligaba a los colegios privados a informar con anticipación los valores de las cuotas y matrículas y a contar con el aval del Estado para fijarlos. Con la promulgación del Decreto 787/2025, las instituciones educativas privadas quedan habilitadas a establecer libremente sus aranceles y condiciones de contratación.
El decreto sostiene que las entidades educativas "deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados", eliminando así un esquema de control vigente desde 1993.
Qué cambia con el nuevo decreto
-Los colegios privados sin aporte estatal ya no deberán notificar a las familias ni a las autoridades sobre los importes del año siguiente.
-Se elimina la obligación de informar en octubre el valor de matrícula, cuotas y cantidad de pagos anuales.
-Las instituciones podrán fijar sus aranceles sin autorización previa del Estado nacional.
La situación en la provincia de Buenos Aires
La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires aclaró que más del 70% de las instituciones privadas reciben aporte estatal, por lo que seguirán sujetas a topes arancelarios y supervisión provincial.
En esos casos, cualquier modificación de cuotas deberá ser previamente autorizada por las autoridades provinciales, de acuerdo con la normativa vigente.
En cambio, las instituciones sin aporte estatal quedan eximidas de la regulación anterior y podrán fijar libremente sus valores.
Un cambio en la relación Estado–educación privada
La derogación del decreto de 1993 marca un giro en la relación entre el Estado y los colegios privados, otorgando mayor autonomía a las instituciones educativas en la fijación de sus aranceles. Mientras tanto, las provincias mantienen sus propias regulaciones para los establecimientos con subsidio estatal, como ocurre en Buenos Aires.
