La iniciativa contempla cambios en Ganancias, aportes sindicales y pago de sueldos, mientras sindicatos y opositores se movilizan contra el proyecto.
Política11 de febrero de 2026
Este miércoles desde las 11, el Senado debatirá el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo. La iniciativa llega al recinto tras un acuerdo alcanzado con gobernadores aliados y la Confederación General del Trabajo (CGT), que había resistido varios puntos del articulado.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció el martes un “acuerdo” para tratar la reforma, a la que definió como “la primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”.
Concesiones clave del oficialismo
Ganancias: se eliminó el artículo que rebajaba el impuesto a las grandes y medianas empresas, que implicaba un costo fiscal de más de 2 billones de pesos para las provincias.
Aportes sindicales: se mantuvo la denominada “caja sindical” con un aporte solidario del 2% por dos años, y las cargas para obras sociales seguirán en el 6%.
Cámaras empresariales: se conserva el aporte obligatorio con un tope del 0,5%.
Pago de sueldos: se aceptó el pedido de los bancos de seguir siendo los únicos responsables, descartando la posibilidad de habilitar billeteras virtuales.
Con estas modificaciones, el oficialismo llega a la sesión con la expectativa de sancionar la ley de modernización laboral.
Movilización sindical y política
La CGT convocó a una marcha frente al Congreso a las 14:30, acompañada por las dos CTA y ATE, que realizarán un paro de 24 horas. Los gremios del transporte harán un cese parcial de tareas desde las 13 para garantizar la asistencia de sus afiliados.
En su convocatoria, la central obrera expresó: “No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle”.
Además de los sindicatos, se sumarán organizaciones políticas opositoras como La Cámpora, partidos de izquierda y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien calificó la reforma como “repugnante”.
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