AySA encabezó los reclamos de la Defensoría del Pueblo

A un año del inicio de la gestión del ombudsman Adrián Maciel al frente de la Defensoría del Pueblo del Pilar, el organismo realizó un balance de los últimos 12 meses en el que se registraron más de 7.200 reclamos por parte de vecinos del distrito.

Entre los logros más destacados se encuentra el traslado de sus oficinas a un espacio de mayores dimensiones, lo que permitió mejorar la comodidad tanto del personal como de los vecinos. Además, se implementó la digitalización de procesos internos, modernizando herramientas tecnológicas para optimizar la gestión de reclamos y garantizar un seguimiento eficiente.

También se profesionalizó la atención al público mediante la incorporación de plataformas digitales que facilitan respuestas rápidas y accesibles. Con más de 7.242 actuaciones realizadas durante el año, se priorizó la atención a sectores vulnerables, brindando soluciones concretas a quienes más lo necesitan.

El enfoque inclusivo también permitió colaborar activamente con asociaciones civiles, consorcios de propietarios y vecinos auto convocados, abordando de forma integral conflictos habitacionales, medioambientales y cuestiones relacionadas con el acceso a servicios públicos.

Asimismo se fortalecieron los vínculos interinstitucionales con las Defensorías del Pueblo Distritales, Defensoría de la Provincia de Buenos Aires y fundamentalmente con la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Consultas y Atenciones

En los últimos 12 meses, la Defensoría del Pueblo del Pilar atendió 7242 reclamos, de los cuales un 52% correspondió a problemas vinculados con los servicios públicos (3739), un 10% a inconvenientes con la Administración Pública nacional (709), un 9% referidos a la Administración Pública provincial (646), un 6% vinculados con la Administración Pública municipal (456) y un 23% (1692) de las atenciones respondieron a pedidos de asesoramiento jurídico por parte de los vecinos.

"Hemos atendido más de 7.000 reclamos de diversa índole, reflejando un aumento significativo en la demanda de atención, especialmente debido a las condiciones económicas que atraviesa el país", explicó el ombudsman.

Desglosando los números, en lo que se refiere a los reclamos por servicios públicos, el 62% de los mismos correspondió a la empresa concesionaria del servicio de agua potable Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa) con 2302 actuaciones, seguida por la empresa concesionaria de energía eléctrica Edenor con el 26% (985 casos).

En tanto que la empresa concesionaria de gas natural Naturgy aglutinó el 8% (314) de las actuaciones y las empresas de telefonía, cable e internet se llevaron el 4% (138 casos).

En lo que se refiere a Aysa, que concentró la mayor cantidad de reclamos gestionados en estas oficinas a nivel general (un 31,7% del total de todos los rubros), cabe recordar que la Defensoría del Pueblo se convirtió en la única recepción presencial para los reclamos de la prestataria, recibiendo diariamente consultas tanto individuales como colectivas.

"Uno de los ejes centrales de nuestra gestión estuvo enfocado en los problemas vinculados con los servicios públicos, dado que estos afectan de manera directa la vida diaria de los vecinos. Durante este período, se recibieron múltiples reclamos relacionados con cortes prolongados de electricidad, interrupciones en el suministro de agua potable y deficiencias en la poda de árboles, que ponían en riesgo la seguridad pública", indicó el Defensor del Pueblo.

Además, "se reportaron aumentos desmedidos en las facturas de servicios básicos y preocupaciones por la eliminación de subsidios y la inscripción a estos subsidios (por medios electrónicos) de sectores vulnerables que no tienen acceso a estos medios y adultos mayores que no saben cómo utilizarlos".

Frente a esta situación, el organismo que conduce Adrián Maciel actuó en numerosas oportunidades como mediador entre los vecinos y las empresas prestadoras de servicios presentando reclamos formales y acompañando a las personas afectadas en el proceso de resolución. Estas intervenciones no se limitaron a trabajar con las autoridades locales; también se llevaron a cabo acciones conjuntas con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo de la Nación, articulando esfuerzos para dar respuestas rápidas y efectivas a los ciudadanos.

En muchos casos, la gestión incluyó inspecciones y relevamientos en los barrios más afectados, donde se observó las problemáticas en detalle para elevar informes a las autoridades competentes. Esta labor permitió no solo buscar soluciones inmediatas, sino también promover medidas preventivas que minimicen la recurrencia de estos problemas en el futuro.

Administraciones Públicas

En lo referido a los reclamos vinculados con la Administración Pública nacional, ANSES aglutinó el 28% de las actuaciones, el 25% correspondió a PAMI, la misma cifra para INCLUIR, en tanto que Transporte se llevó el 10% y Renaper el 6%, al igual que AFIP.

"En el caso de ANSES, gestionamos solicitudes relacionadas con asignaciones familiares, pensiones contributivas y el reconocimiento de beneficios previsionales, atendiendo también las dificultades que enfrentan los adultos mayores para realizar trámites presenciales o digitales. Hemos actuado como puente entre los vecinos y estas instituciones, logrando en muchos casos destrabar trámites demorados y garantizar que las personas accedieran a los servicios que les corresponden por derecho", explicaron desde la Defensoría.

En lo que respecta a Provincia, el 31% de los reclamos estuvo vinculado a la superintendencia de Salud, el 28% a IOMA, el 22% a Educación, el 12% a Arba y el 7% a Transporte. En cuanto a los reclamos que conciernen a la Administración Pública municipal, el 26% correspondió a problemas vinculados con Medio Ambiente, el 22% a Rentas y expedientes, el 18% a Salud, el 17% a Obras Públicas, el 10% a Defensa Civil y el 7% a Licencias, Tránsito y multas.

Finalmente, en cuanto a los pedidos de asesoramiento jurídico, el 23% de los mismos correspondió a trámites legales, el 22% a asesoramiento en general, el 18% de los mismos tuvo que ver con cuestiones vinculadas con violencia de género, el 11% con desalojos y alquileres, la misma cifra a cuestiones de familia, el 10% a mediaciones y el 5% a estafas.